SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – El gobierno y la policía rechazaron el lunes cualquier posibilidad de negociar con pandillas que ofrecieron cesar los homicidios a cambio de que las autoridades salvadoreñas no apliquen medidas excepcionales en el combate a las organizaciones.
“Este gobierno no dará tregua a la persecución de la criminalidad y aplicará las medidas necesarias para combatirlo y proteger a la población”, respondió en su cuenta de Twitter el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas.
El director de la policía, comisionado Howard Cotto, afirmó en rueda de prensa que siempre ha sido claro en el tema: “No hay ninguna negociación de ningún tipo con ninguna estructura criminal… Nuestra función es prevenir y combatir el delito, eso es lo que hacemos y eso es lo vamos a seguir haciendo”.
Las principales pandillas de El Salvador anunciaron el sábado el cese de los homicidios a nivel nacional y pidieron al gobierno que no implemente las anunciadas medidas extraordinarias para combatirlas.
Advirtieron que el gobierno “no podrá terminar con las pandillas” y aseguraron tener las herramientas “como para poder venir a destruir la política de este país”.
El presidente Salvador Sánchez Cerén convocó a los tres poderes del Estado y al fiscal general de la República para estudiar la aplicación de medidas extraordinarias y se evalúa el despliegue de más soldados en tareas de seguridad, decretar estados de emergencia en zonas conflictivas y también imponer estado de emergencia en todas las cárceles del país, desde donde, según las autoridades, los cabecillas de las pandillas ordenan los homicidios, extorsiones y otros delitos.
La mayoría de las medidas excepcionales deberán ser discutidas por los diputados de la Asamblea Legislativa y se esperan que sean aprobadas en la sesión plenaria ordinaria del viernes
Cotto afirmó que las pandillas “son parte del crimen organizado en nuestro país, que han extorsionado a la población, que han afectado a nuestro pueblo, y no tenemos por qué hablar ni negociar nada con ellos”.
Desde que asumió el poder en junio de 2014, el presidente Sánchez Cerén dejó claro que no estaba dispuesto a negociar treguas con las pandillas y prometió perseguir y llevar ante la justicia a los delincuentes.
Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 acordaron en marzo de 2012 una tregua para bajar la cifra de muertes violentas, luego de que en esa época se registraran al menos 14 muertes al día.
Los homicidios bajaron hasta cinco por día, pero subieron de nuevo cuando se rompió la tregua en septiembre de 2013, luego de que las autoridades retiraron una serie de beneficios para los cabecillas de las pandillas presos.
Según cifras oficiales, las pandillas están integradas por más de 70.000 jóvenes y adolescentes. Más de 10.000 están presos. El 70% de los homicidios se atribuye a las pandillas y un 49% de las víctimas son miembros de esas estructuras criminales.
