SAN JUAN, Puerto Rico (AP) – La crisis de la deuda de Puerto Rico alcanzó el lunes un nuevo punto crítico luego de que la isla no pagó bonos por casi 370 millones de dólares, y las autoridades advirtieron que lo peor está por venir si el Congreso estadounidense no le ayuda a superar su abultado endeudamiento.
El impago es el más grande de los que ha incurrido el territorio estadounidense desde el año pasado por falta de liquidez, y el gobernador Alejandro García Padilla descartó que pudiera ser el último.
Puerto Rico afronta el 1 de julio vencimientos de deuda por casi 2.000 millones de dólares, de los que 700 millones corresponden a bonos de obligación general cuyo pago se supone está garantizado bajo la Constitución de la isla.
En una ominosa advertencia dirigida al Congreso en Washington y a los acreedores, entre los que figuran fondos de cobertura estadounidenses, García consideró sombrías las perspectivas para cumplir el próximo pago.
En conferencia de prensa en la capital, San Juan, el gobernador dijo que no podía anticipar que la isla cuente con el dinero para efectuar esos pagos.
El remedio, advirtió García Padilla, es un acuerdo de reestructuración con los acreedores o una ley en el Congreso.
Los legisladores federales están en receso desde la semana pasada, mientras que un proyecto de ley que restauraría la autoridad legal a Puerto Rico para que reestructure su deuda como los demás estados sí pueden hacer y establecería una junta de control fiscal está estancado en una comisión.
García Padilla, que heredó la crisis cuando asumió el cargo en enero de 2013, atribuyó la situación al cabildeo de los fondos “buitre” y a lo que describió como actitudes “racistas” hacia Puerto Rico.
Afirmó que el peor enemigo de la isla ahora es la política.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el impago del lunes debe ser otra señal de alerta para los republicanos en el Congreso.
“Esta situación obliga a una respuesta urgente, y los republicanos en el Congreso han estado avanzando con gran lentitud por mucho tiempo”, agregó.
La Casa Blanca ha presentado un plan que permitiría al gobierno de Puerto Rico reestructurar su deuda e impondría una nueva supervisión a las finanzas, entre otras medidas.
Earnest dijo que las medidas de supervisión diferencian la propuesta de un rescate financiero, descripción que los republicanos han utilizado para manifestarse en contra. Sin embargo, Earnest advirtió que, si el Congreso continúa demorándose, “solamente hace más probable un rescate financiero”.
Después del impago del lunes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, difundió una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, en la que lo exhortó a que trabaje con rapidez para superar las “pocas dificultades que sobresalen” en la iniciativa de ley para ayudar a la isla.
“Hacia el futuro, la deuda de 70.000 millones de dólares de Puerto Rico es insostenible como quiera que se le vea. Simplemente no puede pagar su deuda”, agregó.
García ha advertido desde el año pasado que es impagable la deuda pública general de la isla por más de 70.000 millones de dólares. El domingo, el gobernador anunció que suspendía el pago de deuda emitida por el Banco Gubernamental de Fomento de la isla, un día antes del vencimiento de un pago de 422 millones de dólares de un total de 3.800 millones que adeuda esa institución.
Puerto Rico alcanzó un acuerdo de reestructuración con cooperativas de crédito de la isla que derivó en una disminución de 30 millones de dólares del total que vencía el lunes, y pagó 22 millones de dólares en intereses. Sin embargo, le faltaron casi 370 millones de dólares y quedó en situación de impago.
García dijo que no tenía más alternativa que suspender el pago de la deuda para evitar recortes a servicios públicos esenciales como las escuelas y la atención médica.
El impago previsiblemente devendrá en demandas de inversionistas, aunque el secretario del Tesoro, Juan Zaragoza, y el secretario de Justicia, César Miranda, dijeron a The Associated Press antes de la conferencia de prensa que ninguna parte ha presentado demandas hasta el momento.
La medida no provocó alteraciones en los mercados financieros estadounidenses, posiblemente porque desde hace años se conocen los problemas económicos de la isla.
La puertorriqueños han tenido dificultades debido a una recesión que ha durado una década, recortes a los servicios públicos, alzas de impuestos y aumento del desempleo a niveles que rebasan los del territorio continental estadounidense. La desocupación alcanza casi 12% en la isla.
