MONTEVIDEO, Uruguay (AP) – El presidente Tabaré Vázquez anunció el viernes que están avanzadas las negociaciones con la empresa finlandesa UPM para instalar una megafábrica de pasta de celulosa que tendrá un costo de 4.000 millones de dólares y que será la mayor inversión en la historia del país. La instalación de la planta requerirá, además, 1.000 millones de dólares en mejora de la infraestructura vial y portuaria del país.
“Para el gobierno nacional es muy importante llevar adelante este emprendimiento. Es una inversión muy grande que hace la empresa y que va a hacer el país”, dijo Vázquez en rueda de prensa. “Esto no tiene antecedentes en la historia económica del país”, agregó.
Vázquez dijo que la fábrica, que se instalaría a orillas del río Negro en la región central del país y lejos de sus fronteras, elevaría el Producto Bruto Interno del país entre un 2 y un 2,5%. Agregó que dentro de 60 días comenzará a funcionar una serie de grupos de trabajo conjuntos entre el gobierno y la empresa para avanzar en aspectos concretos del emprendimiento.
“El gobierno nacional ya definió y está decidido: vamos a llevar adelante este proyecto. Y vamos a trabajar en esa dirección. Lo mismo manifestó UPM”, declaró. “Tenemos planteado con la empresa, como meta, poner la piedra fundamental en el segundo semestre del año 2018. Y la empresa estaría comenzando a producir, para exportar, a comienzos de la década del 20”.
Uruguay ya tiene otras dos megaplantas de fabricación de celulosa, una de ellas también de UPM.
En 2014 el entonces presidente José Mujica inauguró una planta de la empresa Montes del Plata, cuya construcción demandó una inversión de más de 2.300 millones de dólares. Sus propietarios son las empresas chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora-Enso, también dueños de importantes plantaciones forestales en el país.
En 2007, y durante la primera presidencia de Vázquez, se había inaugurado la primera megaplanta de celulosa, de la empresa finlandesa Botnia, que luego pasó a llamarse UPM.
La instalación de UPM a orillas del limítrofe río Uruguay provocó un serio diferendo entre Uruguay y Argentina que llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 2010 permitió seguir operando a la planta al no comprobarse la supuesta contaminación del curso de agua compartido que alegaba Argentina.
