CARACAS, Venezuela (AP) – La Asamblea Nacional de Venezuela seguirá funcionando aunque el gobierno le suspenda la entrega de recursos en un intento por “liquidar” al órgano legislativo, anunció el miércoles el presidente del Congreso, Henry Ramos Allup, en una nueva confrontación entre ambos poderes.
Desde que la oposición asumió en enero pasado el control de la Asamblea Nacional, después de 17 años de ser manejado por el oficialismo, los roces entre los poderes públicos se han incrementado y han desatado una crisis política en medio de la compleja situación económica que enfrenta el país suramericano. Las tensiones políticas siguen en aumento mientras la oposición lleva adelante un proceso de referendo revocatorio sacar del poder al presidente Nicolás Maduro por la vía constitucional
Ramos Allup le salió al paso a la amenaza que Maduro lanzó la víspera de que le cortaría el envío de recursos a los congresistas. El jefe del legislativo descartó que esa acción pueda implicar la paralización del Congreso que se ha visto cercado legalmente luego de unas 18 decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que ha anulado la mayoría de leyes y acuerdos aprobados por la mayoría opositora.
“Así nos corte el agua, nos corte la luz, no nos mande dinero, esta Asamblea va a seguir funcionando”, dijo Ramos Allup a la prensa al responder a la amenaza que realizó la víspera Maduro, cuando anunció que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia una consulta para suspender el envío de recursos al Congreso en rechazo por la acción que tomó la semana pasada la mayoría opositora de incorporar a tres diputados que fueron suspendidos por el máximo tribunal.
El dirigente acusó al gobierno de buscar “neutralizar o liquidar” al Congreso porque es el “único poder que no controla ni va a controlar”.
“Estando esta Asamblea Nacional fuera de la ley, yo como jefe de la hacienda pública nacional, no puedo depositar recursos en una asamblea nacional inexistente”, dijo el mandatario el martes por la noche durante su programa de televisión “Contacto con Maduro”, en el que anunció la consulta al Tribunal Supremo de Justicia.
La semana pasada, el legislativo controlado por la oposición incorporó a tres diputados del estado sureño de Amazonas que fueron suspendidos en diciembre pasado por el máximo tribunal por supuestas irregularidades en su elección.
Maduro dijo que pidió la nómina de trabajadores y obreros del Congreso para hacerle los pagos de sus salarios.
La Asamblea Nacional no tiene fuentes de ingresos propias y depende de lo que recibe por la vía de presupuesto nacional que maneja el Ejecutivo.
En un abierto reto al máximo tribunal, la Asamblea Nacional juramentó e incorporó el 28 de julio a los diputados opositores de Amazonas, Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, que fueron suspendidos en diciembre pasado.
La incorporación de los tres diputados fue anulada esta semana por el Tribunal Supremo de Justicia que advirtió que “se reservará todas las acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar, con el objetivo de exigir las responsabilidades respectivas y mantener el orden constitucional”.
La acción de la Asamblea Nacional también fue rechazada el pasado sábado por el procurador general, Reinaldo Muñoz, que acusó al legislativo de incurrir en actuaciones “írritas”, y planteó que la Asamblea Nacional “se encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituida”.
El Consejo Nacional Electoral anunció a inicios de semana la validación unas 400.000 firmas y huellas con lo que la oposición logró superar una primera fase del proceso y pasó a una nueva etapa que implicará la recolección de las firmas del 20% de los electores (unos cuatros millones de votantes) para activar la consulta. La oposición apuesta a realizar el referendo este año mientras el oficialismo ha descartado esa posibilidad alegando que los sectores adversos al gobierno cometieron un “fraude” al recolectar las primeras rúbricas.
