SAN JUAN, Puerto Rico (AP) – El testigo dijo que estaba seguro: él había llevado a los tres hombres a la playa y los vio violar y matar a una estudiante de 21 años. El juez tenía dudas, pero el jurado estaba convencido: Nelson Ortiz, José Caro y Nelson Ruiz fueron sentenciados a cadena perpetua.
Ahora, sin embargo, los tres consiguieron un nuevo juicio bajo una nueva ley en Puerto Rico que amplia los derechos de los acusados a presentar apelaciones basadas en análisis de ADN. “Nos hemos pasado más de 28 años gritándole al mundo que somos inocentes y que nos dé una oportunidad de probarlo”, dijo Ruiz.
El cadáver baleado de Glorimar Pérez fue hallado en la costa noroeste de Puerto Rico en julio de 1988. El asesinato estremeció su pueblo de Aguada, donde casi todo el mundo se conocía y escuchaba el silbido de un ingenio azucarero cercano para saber cuándo llegaba la hora de almuerzo.
Las sospechas recayeron rápidamente en dos jóvenes obreros, al parecer basadas en indicios. Los hombres no tenían antecedentes delictivos y dijeron que no se conocían.
Ruiz fue a la misma escuela que Pérez, pero dice que no eran amigos. Piensa que la policía lo arrestó debido a versiones falsas de que ella lo había rechazado.
Ortiz dijo que nunca conoció a Pérez y piensa que fue arrestado porque un testigo dijo que un hombre que se le parecía se subió al auto de la víctima el día que fue asesinada.
Caro fue incluido en el caso más tarde. Dijo que él nunca había visto a Pérez y que la policía fue a interrogarlo más de un año después del asesinato, diciendo que una persona no identificada lo había implicado.
Los fiscales no pensaban tener suficiente evidencia para arrestarle, hasta cinco años después del crimen. Los hombres fueron convictos en 1995 y meses más tarde el testigo principal se retractó. Dijo que él había implicado falsamente a los tres en un arreglo con la fiscalía para obtener inmunidad por cargos que él enfrentaba.
Pero los jueces de apelaciones rechazaron pedidos reiterados de un nuevo juicio.
Los tres hombres vieron una nueva oportunidad en diciembre, cuando la isla promulgó una ley que permite a convictos solicitar análisis de ADN en casos en los que previamente había sido imposible: sobre la base de nueva evidencia o evidencia que no fue analizada ni cuestionada en el juicio.
“Si no fuera por la ley del ADN, yo estaría todavía en prisión”, dijo Ortiz. “Uno empieza a perder la esperanza… y empieza a tener muchos pensamientos negativos, sobre suicidarse, ahorcarse, tomar píldoras”.
Los hombres fueron los primeros en invocar la nueva ley, con ayuda del Proyecto Inocencia de la Universidad Interamericana.
El decano de la universidad, Julio Fontanet, fundador del proyecto, dijo que los análisis en mayo no encontraron material genético de ninguno de los tres hombres en la evidencia colectada, incluso ropa y un auto presuntamente usado para trasportar el cadáver de Pérez. Sin embargo, se halló el ADN de otras dos personas.
Fontanet dijo que eso prueba la inocencia de los tres hombres, aunque los escépticos dicen que la ausencia de ADN no significa que los hombres no estaban presentes.
Los resultados de los análisis llevaron a un juez a ordenar un nuevo juicio y los tres quedaron en libertad bajo fianza, aunque tienen que llevar monitores electrónicos.
Es la primera vez en Puerto Rico que se anula una condena penal bajo una ley semejante, aunque se ha vuelto algo común en Estados Unidos. Unas 150 personas querdaron en libertad el año pasado, de acuerdo con el Registro Nacional de Exoneraciones. En total, más de 1.850 casos así ha sido documentados en Estados Unidos, de acuerdo con la facultad de Derecho de la Universidad de Michigan.
Funcionarios del Departamento de Justicia de Puerto Rico dicen que no apelarán el fallo y que están decidiendo si procederán con un nuevo juicio o retirarán los cargos. Ruiz dice que preferiría un nuevo juicio.
“Mi objetivo es borrar la mancha de hace 22 años”, dijo. “No voy a librarme de ella jamás si no hay un nuevo juicio. No es fácil borrarse el estigma de violador y asesino”.
Funcionarios dijeron esta semana que han aplazado la decisión en parte para examinar a los investigadores y el fiscal acusados por abogados defensores de incriminar falsamente a los hombres.
“La familia de Glorimar ha sido engañada por más de 20 años”, dijo Fontanet.
Caro se hizo eco de esos comentarios.
