GUATEMALA (AP) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para “preservar la vida e integridad” el juez guatemalteco Miguel Angel Gálvez, quien ha tenido a cargo varios casos de impacto y contra la corrupción en el país.
La organización Centro para Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, confirmó las medidas otorgadas.
Dijo que la Comisión, con sede en Washington, “exigió al Estado guatemalteco que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de Gálvez y su familia, y para que el juez pueda desempeñar su labor sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.
La CIDH también pidió al Estado guatemalteco que informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que hicieron necesario el otorgamiento de las medidas cautelares al juez
Gálvez dijo a The Associated Press, que aún no se le había notificado oficialmente, pero que ya tenía conocimiento de la resolución. La solicitud de medidas fue hecha por el ombudsman guatemalteco Jorge De León.
“Me hace sentirme más tranquilo, porque ya se reparó en algunos cuestiones”, dijo el juez, quien agregó que considera que la situación de riesgo aún no ha terminado.
“Yo siento que la cuestión se va a agravar un poco más, me da la impresión que no se van a quedar con los brazos cruzados”, dijo Gálvez.
Informó que se ha sentido vigilado y acosado, pero señaló que su seguridad ha mejorado y que este tipo de resoluciones hacen más visible su trabajo a nivel nacional e internacional por lo que esperaría que las amenazas terminen.
“Estas amenazas no han sido impedimento, no ha provocado ninguna limitación para mí, sigo haciendo mi trabajo como siempre, como tiene que ser”, afirmó.
Gálvez ha tenido a su cargo procesos de alto impacto tales como la primera fase del proceso por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, también la condena a dos militares por el caso llamado Sepur Zarco, acusados de violaciones a mujeres durante la guerra interna.
También, casos recientes de corrupción como los procesos contra el ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, por una defraudación aduanera, así como el denominado “Cooptación del Estado” en la que también se acusa a los ex mandatarios de crear una red criminal para defraudar las arcas del estado guatemalteco.
La comisión detalló que “los operadores de justicia que llevan procesos de justicia transicional y/o procesos de corrupción de funcionarios y autoridades, son las principales víctimas de ataques”.
Lo anterior ha motivado la concesión de medidas cautelares a favor de varios operadores y operadoras de justicia en el país, entre ellas, la Fiscal General Thelma Aldana, dijo la organización.
