GUATEMALA (AP) – Una jueza ligó a proceso y ordenó al Ministerio Público investigar al ex militar Santos López Alonzo, deportado recientemente desde Estados Unidos, para determinar si es responsable por la masacre de 200 personas de la comunidad Dos Erres, ocurrida en 1982.
La jueza Claudette Dominguez también ordenó que el acusado quede en prisión durante el plazo de la investigación, de tres meses, que busca recabar evidencias para establecer si va o no a juicio. Por el mismo caso ya fueron condenados cinco ex militares, con penas que suman más de 6.000 años de prisión.
A López Alonzo, de 64 años, deportado desde Estados Unidos donde buscó refugio desde 2001, la fiscalía le acusa de los delitos de asesinato y contra los deberes de humanidad, por supuestamente haber participado junto a un grupo élite de ex kaibiles, un grupo especial de militares adiestrados en técnicas contrainsurgentes, en la incursión en la comunidad Las Dos Erres, del departamento de Petén al norte del país.
En su acusación la fiscalía dice que López, quien fue conductor de una tropa de “kaibiles”, apoyó en la incursión y actuó como vigilante del cautiverio que sufrieron niños y mujeres de la comunidad dentro de una iglesia, mientras otros soldados interrogaban y asesinaban a los hombres acusándolos del robo de unas armas.
López que el miércoles declaró frente a la juez, dijo que estuvo en el lugar, que su función fue vigilar el cautiverio pero que no asesinó a nadie. Afirma que es inocente de los cargos.
En su resolución la jueza le dijo a López que él estaba ahí para que la gente no saliera. “Si usted hubiera permitido que la gente saliera, ellos hubieran salvado su vida”, le manifestó.
Al detenido también se le acusa de que en la incursión se llevó al niño Ramiro Osorio Cristales, entonces de 5 años, y cuyos padres fueron asesinados por los soldados, al que luego adoptó y llevó consigo a vivir . La fiscalía no lo acusó por este hecho pues el delito prescribió, sin embargo la jueza Domínguez ordenó que también se le investigue por el delito de sustracción de menores.
Francisco Vivar, abogado de las víctimas, dijo que se ha dado un buen paso para la justicia y para las víctimas. “Es una obligación del estado investigar, juzgar y condenar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala”, afirmó.
Explicó que López en su declaración confirmó no solo los asesinatos sino también la sustracción del menor “aunque haya dicho que lo cuidó, él se llevó al niño”, dijo el abogado.
Guatemala vivió una guerra interna de 36 años (1960-1996) entre la guerrilla izquierdista y el ejército.
