BUENOS AIRES (AP) – Docentes y empleados estatales realizaron el martes un paro por 24 horas y se manifestaron en reclamo al gobierno de un nuevo aumento salarial que contrarreste los efectos de la inflación.
Docentes agrupados en gremios nacionales cortaron el tránsito en distintos puntos de Buenos Aires con el propósito de marchar hasta la sede del Ministerio de Educación para exigir la reapertura de las negociaciones salariales concluidas en febrero.
Sonia Alessio, de la Confederación de Trabajadores de la Educación, pronosticó un alto acatamiento, sobre todo en la educación pública, y advirtió a la prensa que los conflictos que no se resuelvan ahora van a “complejizar el inicio del próximo ciclo lectivo”, que comenzará en marzo. Los docentes de los distintos niveles educativos ya han protagonizado otras dos huelgas en las últimas semanas.
Los profesores sostienen que no son convocados por el gobierno del presidente Mauricio Macri para mantener un diálogo. También se quejan de que en el presupuesto para 2017 está prevista una desinversión en la educación.
La medida de fuerza coincide con la huelga también por 24 horas encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sindicato que agrupa a miles de empleados públicos, y a la que también se adhirieron trabajadores judiciales y médicos, en un contexto de recesión económica, inflación y miles de despidos en el sector.
El gobierno cerró un incremento salarial de 27% con uno de los gremios públicos, que no ha dejado conformes a muchos de los trabajadores estatales, como los que representa ATE.
Los huelguistas también exigen la incorporación de los despedidos de la administración pública.
El gobierno ha advertido que no reabrirá las negociaciones salariales este año al sostener que la inflación se está desacelerando.
En febrero, los gremios docentes acordaron con el Ministerio de Trabajo una mejora salarial del 30% promedio para todo el país y de un 40% para 55.000 maestros de siete provincias.
Sin embargo, los docentes consideran que el fuerte incremento del alza del costo de vida en el primer trimestre del año y el aumento de las tarifas de varios servicios públicos contrajo su poder adquisitivo más de 12%.
La inflación se ha desacelerado en las últimas semanas después de esa fuerte aceleración inicial, aunque sigue siendo percibida por los argentinos como el principal problema económico.
En agosto el alza del costo de vida fue de 0,2%, una tasa más baja de la esperada debido a que no contempla los aumentos en las tarifas del gas que fueron suspendidos por la justicia. Economistas privados barajan una proyección anual de alrededor de 46%.
El malestar por la pérdida del poder adquisitivo se ha reflejado en incesantes protestas en los últimos meses. Las grandes centrales sindicales argentinas, entre las que existen más y menos combativas con el gobierno, evalúan la posibilidad realizar un paro general en octubre.
