SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – El Salvador se adjudicó el viernes una victoria legal sobre una compañía minera multinacional luego que un panel de arbitraje internacional en Washington falló a favor del país centroamericano.
El fiscal general de la República de El Salvador, Douglas Meléndez anunció la decisión desde Washington.
En El Salvador, la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales Lina Pohl expresó en conferencia de prensa su satisfacción por la decisión y sostuvo que la compañía adquirida por OceanaGold en 2013 nunca cumplió con los requisitos regulatorios.
Pohl explicó que se realizó una evaluación ambiental estratégica de la minería, “que determinó que las condiciones del país no eran las adecuadas para el desarrollo de la actividad minera, ya que se comprometían los recursos naturales, en específico el agua”.
Otros aspectos que surgieron en la evaluación fue que los yacimientos mineros atraían a empresas pequeñas que no cuentan con estándares de alto nivel, la debilidad de la institucionalidad en torno a la supervisión y regulación de la minería metálica y el nivel de conflicto en los territorios.
“Nos sentimos satisfechos con el veredicto a favor del Estado salvadoreño. Ahora lo único que priva en nosotros es una tremenda alegría porque hemos ganado, han sido siete años luchando para que finalmente tuviésemos todos los elementos que permitieran llegar a este decisión final”, dijo Pohl.
La funcionaria afirmó que “como país queremos atraer las inversiones, pero lo más importante es que estos inversionistas sean respetuosos de la institucionalidad de los países a donde llegan. Ese es un tema fundamental”.
La compañía minera Pacific Rim Cayman había solicitado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial, que ordenara a El Salvador pagar 250 millones de dólares por la pérdida de ganancias potenciales cuando el país no otorgó una licencia para la extracción de oro en la zona de El Dorado, en San Isidro Cabañas, y en otras regiones del país con potencial para la extracción de metales preciosos.
A principios de 2000, la Dirección de Hidrocarburos del ministerio de Economía autorizó la exploración en la zona de El Dorado, pero cuando la compañía encontró yacimientos de oro y plata en el departamento de Cabañas, al noreste de la capital, las solicitudes para los permisos de explotación nunca fueron respondidas por las dependencias gubernamentales correspondientes.
A través de un comunicado, OceanaGold manifestó el viernes su decepción e indicó que revisará la decisión. El panel de arbitraje ordenó a OceanaGold que pague a El Salvador ocho millones de dólares por gastos legales.
