SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – María Teresa dice que cuando despertó no entendía nada: estaba esposada en una cama de hospital y frente a ella había dos policías que la acusaban de homicidio agravado por haberse inducido un aborto.
Era noviembre de 2011 y sus familiares la llevaron a Urgencias tras encontrarla inconsciente y sangrando en el baño de su casa. María Teresa dijo que ignoraba que estaba embarazada, pero los médicos que la atendieron informaron a las autoridades que ella pudo haber provocado el sangrado.
María Teresa no volvió a casa. Fue detenida tras salir del hospital y en 2012 se le sentenció a 40 años de prisión.
La condena se revocó el 20 de mayo, María Teresa quedó en libertad ese mismo día y este viernes se informó que la mujer de 32 años podrá conservar su libertad. Aunque la Fiscalía General de la República presentó una apelación para que volviera a prisión, un tribunal superior desestimó el recurso.
Desde su aprensión en 2012 sus abogados alegaron inconsistencias y falta de pruebas en el proceso, pero no tuvieron éxito.
El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile se mantienen como los cinco países del continente que prohíben el aborto sin excepción.
Según la ley salvadoreña, no hay circunstancia que amerite el proceso: incluso si se trata de un procedimiento avalado por un médico para salvar la vida de una mujer, los tribunales de justicia están obligados a juzgar a médicos y mujeres que incurran en la práctica. De ser encontrados culpables, pueden pasar entre dos y ocho años en la cárcel.
El caso de María Teresa fue aún más delicado: se le acusó de homicidio agravado porque -dice la ley – se provocó en razón de parentesco de la víctima y el victimario. En circunstancias como ésta, las mujeres pueden pasar entre 30 y 50 años en la cárcel.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico ha señalado que las mujeres procesadas por abortos en El Salvador suelen ser amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes, obreras o vendedoras ambulantes.
Sara García, del Colectivo Feminista Casa de Todas, se alegró por la decisión que tomó la Cámara Tercera de lo Penal para liberar a María Teresa, pero advirtió que su calvario podría continuar.
Indicó que la fiscalía podría hacer una última jugada y presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. “El recurso de casación congela el proceso en espera de que la Corte tome una decisión final. Mientras tanto, ella continuaría con inseguridad jurídica”.
Sin embargo, finalizó, al menos la primera amenaza fue superada.
