CHICAGO (AP) – Las líneas telefónicas para inmigrantes sin permiso de residencia no dejan de sonar. Las oficinas que ofrecen asesoría legal tienen cada vez más clientes. En las escuelas públicas deben responder a una lluvia de preguntas de padres y estudiantes.
Desde las elecciones, las duras afirmaciones del presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, sobre inmigración han creado ansiedad entre los inmigrantes de todo el país, sin importar su estatus legal. Acuden a abogados, escuelas, grupos de derechos y oficinas del Congreso en busca de ayuda.
“Estamos operando con muchas incógnitas, y hay ciertos temores asociados a eso”, dijo Vanessa Esparza-López, abogada en el National Immigrant Justice Center de Chicago.
En Chicago, una línea telefónica gestionada por el mayor grupo de derechos de migrantes del estado recibió más de 330 llamadas en la semana posterior a las elecciones, comparado con el centenar que recibe normalmente. En Denver, autoridades escolares enviaron una carta a los padres en respuesta a sus dudas sobre los efectos de los comicios presidenciales sobre los estudiantes que no tienen permiso de residencia.
El Legal Assistance Group de Nueva York dijo que recibe entre 40 y 60 llamadas diarias sobre inmigración, el doble que antes de las elecciones. La Coalition for Humane Immigrant Rights de Los Ángeles reportó 19 consultas en un solo día, todas relacionadas con la ciudadanía.
Las dudas más acuciantes proceden de jóvenes que se benefician de un programa federal instaurado en 2012 por el gobierno del presidente Barack Obama que deja en suspenso la deportación de jóvenes traídos al país de forma ilegal cuando eran menores y les concede permisos de trabajo. Unas 740.000 personas se acogieron al programa llamado Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, por sus siglas en inglés).
Abogados señalan que el programa es vulnerable porque fue creado a través de una orden ejecutiva del presidente, sin el respaldo de una ley, lo que hace que los posibles nuevos solicitantes duden sobre si inscribirse en él.
Andrea Aguilera, una estudiante universitaria de 20 años en un suburbio de Chicago, se siente en el limbo ya que la documentación que obtuvo a través del DACA expira el próximo año.
Entró al país cruzando la frontera con México clandestinamente cuando tenía cuatro años y mantuvo su estatus migratorio casi en completo secreto hasta que hace cuatro años pudo obtener un permiso de trabajo gracias al DACA. Desde entonces trabajó como cajera de un supermercado y becaria en una empresa financiera del centro de la ciudad. Dos de sus hermanos están también en el programa; otro es ciudadano estadounidense.
“Ha sido difícil concentrarse en los estudios”, dijo Aguilera. “No sé qué nos va a pasar”.
Durante la campaña electoral, Trump prometió deportar a los 11 millones de inmigrantes que se estima viven en el país sin la documentación pertinente y construir un muro a lo largo de la frontera con México. El republican no ha explicado cómo va a proceder y recientemente rebajó el número de eventuales expulsiones del país.
El Center for Immigration Studies, que aboga por una menor inmigración, explicó que el aumento de la actividad se debe a la incertidumbre sobre si el gobierno de Trump aplicará las leyes ya existentes. Jon Feere, analista legal de la organización con sede en Washington, dijo que los inscritos en el DACA eran conscientes de los riesgos cuando entraron al programa. Otros no tienen mucho de qué preocuparse.
“Los que cumplen la ley no tienen nada de qué preocuparse”, declaró.
Sin embargo, incluso los inmigrantes con estatus legal permanente se sienten inseguros desde las elecciones.
Abogados y organizaciones de inmigrantes sostienen que los titulares de la “green card” – la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes – sienten que deben asegurarse que que todo está en orden con trámites como la solicitud para renovación el documento por temor a que la ley pueda cambiar con el nuevo gobierno. La mayoría de los inmigrantes puede solicitar la ciudadanía entre tres y cinco años después de obtener la tarjeta verde.
Unos nueve millones de inmigrantes con tarjeta verde podrían optar ahora a la ciudadanía, según los datos más recientes del Departamento de Seguridad Nacional. Algunos buscan aclarar cuestiones sobre cuándo pueden patrocinar a familiares que residen en el extranjero.
“La gente necesita tranquilidad”, dijo Irina Matiychenko, que dirige la unidad de protección a inmigrantes en el Legal Assistance Group de Nueva York. “La gente necesita orientación”.
En Phoenix, los líderes locales planearon un encuentro el fin de semana acerca de lo que significa ser un inmigrante en Arizona. El objetivo es “mostrar el camino de la confianza y la unidad”. Personal de la oficina del representante demócrata de Chicago Luis Gutiérrez, firme defensor de los derechos de los inmigrantes irregulares, reportaron un incremento de actividad con al menos 60 nuevas solicitudes de ciudadanía en las dos últimas semanas.
Distritos escolares, incluidos los de Chicago y Denver, utilizaron las elecciones para recordar cuál es su política.
El superintendente del distrito escolar de Denver, Tom Boasberg, dijo que se enviaron cartas en cuatro idiomas a las viviendas de los 90.000 estudiantes en respuesta a lo que los profesores escuchaban de alumnos y padres. El texto reiteró que las autoridades escolares no preguntan por el estatus migratorio de los niños cuando se matriculan.
“En un momento de temor y preocupación, se propagan muchos rumores y desinformación”, dijo. “Y por eso es tan importante dar información objetiva precisa a nuestras familias de una fuente muy fiable”.
