BUENOS AIRES (AP) – La expresidenta Cristina Fernández protagonizó el viernes un video al estilo reality show para justificar su decisión de no cumplir con una orden judicial que la señala por su presunta administración fraudulenta contra Estado.
“Estamos viviendo un Estado arbitrario y autoritario. No digo dictadura -no es una dictadura_, pero no es un Estado de derecho”, dijo Fernández en la grabación de 15 minutos que subió a su página oficial de Facebook y creó previamente en Río Gallegos, capital provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina, donde reside desde que dejó el poder en 2015.
Fernández, de 63 años, había sido citada este viernes a los tribunales de Buenos Aires por el juez federal Claudio Bonadío, quien la procesó en mayo por supuestas maniobras irregulares en el mercado de dólar a futuro durante su mandato (2007-2015). La convocatoria tenía por objetivo que la exmandataria dejara sus huellas dactilares y se sometiera a un informe socio ambiental.
Desde el asiento de acompañante de un automóvil, Fernández declaró ante la cámara: “le dije (a Bonadío) de hacerlos (los trámites) hoy aquí (en Río Gallegos) y que si él insistía hacerlo en Buenos Aires que fuera a partir del 1 de diciembre porque antes, por cuestiones de vida, no lo podía hacer”.
Bonadío había negado la víspera un pedido de postergación de Fernández y la amenazó con recurrir a la fuerza pública si no comparecía. El magistrado finalmente aceptó correr la audiencia para el próximo martes 29 de noviembre.
Poco predispuesta a dialogar con la prensa y a mostrarse en el ámbito privado mientras era presidenta, Fernández dio un giro a su estrategia comunicaciones desde que volvió al llano. En el video, ésta consideró arbitraria la orden del juez, puesto que “son dos trámites absolutamente administrativos -tomar las huellitas (sic) digitales y el informe socio ambiental- que además expresamente prohíbe se haga fuera de ámbito donde vive el acusado. Mi informe socio ambiental tiene que ser realizado donde vivo, en la provincia de Santa Cruz”.
En vez de viajar a la capital argentina, la expresidenta se presentó por su cuenta junto con un asistente que la filmaba; primero ante un juzgado federal con sede en Río Gallegos, y luego ante una delegación policial para demostrar la “arbitrariedad” de la negativa de Bonadío.
Por su parte, el juez considera que la expresidenta fue partícipe de una maniobra por la cual el Banco Central de la República Argentina ofreció dólares a un precio mucho más bajo que el valor de mercado para entregar el 31 de marzo bajo un nuevo gobierno. Según Bonadío, esto le causó al Estado una pérdida de alrededor de 77.000 millones de pesos (unos 5.273 millones de dólares al cambio actual). El delito que el juez imputa a Fernández contempla penas de cinco a 20 años de prisión.
La expresidenta ha denunciado que varios funcionarios del gobierno actual participaron en esa operación y resultaron beneficiados por la fuerte devaluación del peso dispuesta por su sucesor Mauricio Macri pocos días después de asumir el poder el 10 de diciembre.
En el final del video, Fernández afirma: “quiero ir a juicio oral, defender nuestras políticas y fundamentalmente exponer el grado de corrupción y complicidad en amplios sectores del Poder Judicial”.
La exmandataria también es investigada por otras causas, como presunta corrupción en la concesión de obras públicas, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
