SAN SALVADOR, El Salvador (AP) – La Corte Suprema de Justicia de El Salvador acordó enviar a un juicio civil al ex fiscal general, Luis Martínez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y responda por casi medio millón de dólares en su patrimonio que no ha podido justificar.
El magistrado de la Corte Suprema, Rodolfo González, dijo el miércoles a los periodistas que la decisión fue tomada con el voto a favor de 13 de los 15 magistrados, en una reunión donde se aprobó informe de la Sección de Probidad “que señala que hubo hallazgos de posibles indicios de enriquecimiento ilícito”.
En las redes sociales se ha estado difundiendo un video en el que se observa al ex fiscal general reunido con el empresario Miguel Menéndez, un ex funcionario del gobierno de Mauricio Funes, y aparentemente le entrega un fajo de dólares.
Según el informe de Probidad el ex fiscal no pudo justificar la procedencia de 486.213 dólares y por ellos deberá ser procesado en un tribunal civil.
Martínez, que dirigió el Ministerio Público entre 2012 y 2014, ya enfrenta dos procesos penales en diferentes tribunales de justicia. Está siendo procesado en libertad, por los delitos de omisión en la pesquisa y fraude procesal, por haber participado junto al empresario Enrique Rais y otras nueve personas en una red de corrupción que supuestamente habría fabricado pruebas para inculpar y enviar a la cárcel a una empresaria cafetalera. De ser encontrado culpable por estas imputaciones recibiría penas de entre dos y 10 años de prisión.
En el caso de la red de corrupción en el Ministerio Público también se está procesando al abogado Hugo Blanco Rais, sobrino de Enrique Rais; al ex jefe de la Unidad de Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza; al ex juez Noveno de Paz Romeo Aurora Giammattei; a varios abogados del empresario y a un perito del estatal Instituto de Medicina Legal, quien habría falsificado las pruebas.
Martínez también enfrenta una acusación penal por divulgar conversaciones telefónicas privadas del sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como “padre Toño”, que según la acusación fueron usadas para presionarlo y que aceptara los cargos que le imputaban durante un proceso judicial en su contra.
De ser encontrado culpable por divulgar las conversaciones del sacerdote, el ex fiscal podría ser condenado a entre cuatro y ocho años de cárcel.
