BUENOS AIRES (AP) – Milagro Sala, la activista social argentina por cuya libertad reclaman Naciones Unidas y la OEA, enfrenta un juicio oral por una violenta protesta contra el actual gobernador de la provincia de Jujuy y otros dirigentes políticos en 2009.
El proceso se inició el jueves en medio de una fuerte presión internacional al gobierno de Mauricio Macri por la libertad de la líder del movimiento social Túpac Amaru, detenida desde enero por la supuesta malversación de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy, 1.654 kilómetros al norte de Buenos Aires.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria cuestionó en octubre la detención preventiva de Sala y pidió su liberación inmediata, reclamo al que luego se sumaron el secretario general de la Organización de los Estados Americanos Luis Almagro, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El juicio oral que comenzó este jueves, el primero de las múltiples causas judiciales que enfrenta Sala, de 53 años, es por la violenta protesta que militantes de su organización realizaron siete años atrás contra el entonces senador Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy.
En 2009 Morales tenía previsto participar de una exposición junto al entonces auditor general de la nación Leandro Despouy sobre el manejo de millonarios fondos públicos que la provincia cedía a organizaciones sociales como Túpac Amaru.
Si bien Sala no participó activamente de las manifestaciones se la acusa de instigar a las personas que atacaron con huevazos a los disertantes en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y produjeron destrozos en el lugar.
“Me enteré de la protesta por los medios. Es mentira que organicé la protesta contra Gerardo Morales, si no hubiera dado la cara”, se defendió Sala, elegida diputada del Parlamento del Mercosur a fines de 2015 y abierta simpatizante del gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), del cual Morales era opositor.
La dirigente denunció que desde ese incidente es perseguida por Morales, quien asumió hace un año como gobernador, porque “la molestia es que los negros nos podemos organizar, decidimos organizarnos y les inculcamos que no teníamos que bajar la cabeza por nada del mundo”.
Sala está imputada en otras causas por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y amenazas tras una denuncia del gobierno provincial por el manejo irregular de los fondos del Estado para la construcción de viviendas sociales.
Entre 2002 y 2014 Jujuy recibió 3.400 millones de pesos (unos 212 millones de dólares al cambio actual) para la construcción de viviendas de los cuales la mitad fue destinado a Tupac Amaru, según la Oficina Anticorrupción provincial. Una auditoria de ese organismo detectó que al menos 1.700 viviendas de las presupuestadas no existen y otras 500 están en distinto estado de avance, lo cual implicaría un fraude de unos 700 millones de pesos (43 millones de dólares).
El comité de la ONU y los otros organismos internacionales no cuestionaron los cargos contra Sala pero sí la prisión preventiva, que consideran debe aplicarse en casos muy excepcionales y debidamente justificados.
Pero la justicia argumenta que la activista puede entorpecer las investigaciones y por esa razón la mantiene bajo arresto.
