MINNEAPOLIS (AP) – Una corte federal de apelaciones determinó el martes que es constitucional el programa en Minnesota para mantener recluidos a los infractores sexuales aun después de que hayan concluido sus penas de prisión.
El fallo revirtió la decisión de un juez de un tribunal de menor instancia que había dicho que el programa violaba los derechos de esos reclusos porque casi ninguno queda en libertad.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 8vo Circuito dio la razón al estado, que arguyó que el programa es constitucional y necesario para proteger a la ciudadanía del peligro de los depredadores sexuales, que de lo contrario andarían libres.
La corte de apelaciones turnó de nuevo al caso al tribunal de menor instancia para los procedimientos pertinentes.
Solamente seis presos se encuentran en este momento en libertad provisional dentro del Programa de Infractores Sexuales de Minnesota, el cual tiene más de 20 años de antigüedad.
Por esta razón en 2015 el juez federal Donovan Frank declaró inconstitucional el programa y ordenó modificaciones para facilitar que los reclusos puedan lograr la excarcelación.
El caso en Minnesota era seguido muy de cerca por abogados, funcionarios gubernamentales y activistas en los 20 estados que tienen programas similares.
Aunque California, Wisconsin, New Jersey y otros estados permiten la reinserción social de infractores sexuales que estuvieron recluidos más tiempo del marcado por sus sentencias una vez que esas personas completaron sus tratamientos, Minnesota registra la tasa más alta de encierro en estos casos, y hasta agosto los tribunales de este estado no habían ordenado la libertad incondicional de nadie dentro del programa.
Los infractores sexuales en Minnesota son recluidos por orden de un tribunal para que reciban tratamiento en instalaciones en Moose Lake y St. Peter, que están rodeadas por alambre de navajas, aunque hay una sección afuera de ese perímetro en la de St. Peter para personas que han avanzado a etapas posteriores de tratamiento y se les conceden ciertas libertades.
A esas personas se les considera oficialmente pacientes o residentes, no reclusos. Sin embargo, la demanda presentada a favor de más de 700 infractores arguye que el programa equivale a condena perpetua.
