PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) – La incertidumbre ante las medidas enérgicas en el control migratorio prometidas por Donald Trump ha causado temores y división política en Rhode Island.
Más de 100 activistas se manifestaron al interior de las oficinas de gobierno el martes contra la legislación estatal que obligaría a funcionarios locales de las llamadas ciudades santuario, incluida Providence, a acatar las prerrogativas federales de control y sancionar a aquellos funcionarios con tiempo en prisión u otras penalidades cuando no lo hagan.
Los activistas de derechos humanos de inmigrantes atestados al interior de la Cámara de Representantes estatal poco antes de iniciar sesión, confrontaron y después abuchearon al impulsor de la propuesta de ley, el representante Arthur Corvese, demócrata de North Providence. Antes de eso, un grupo más pequeño también protestó afuera del consultorio médico de Corvese ubicado en los suburbios, en donde trabaja como optometrista.
“Hay unos participantes malos en la comunidad inmigrante y tenemos que dar lo mejor… para codificar en ley un sistema en donde no haya lagunas legales”, les dijo Corvese a los activistas adentro de la Cámara de Representantes el martes luego de que le pidieran abandonar la propuesta de ley. Dijo que por principio no quitaría su nombre de ella, aunque agregó que “quizá se escribió en líneas generales”.
Corvese presentó la propuesta de ley a principios de año con un grupo de demócratas y algunos republicanos quienes representan, principalmente, los suburbios blancos, pero no se opone a otros demócratas que representan Providence y ciudades con grandes comunidades de inmigrantes. Corvese también introdujo una propuesta de ley similar hace un año y dijo que no iba específicamente en contra del alcalde demócrata de Providence, Jorge Elorza, quien ha jurado proteger a los residentes ilegales de la ciudad, de ser deportados por delitos menores durante la administración de Trump.
Otros dos que apoyan la propuesta de ley ya han sacado sus nombres de ella. Uno de ellos, el representante de Tiverton John Edwards, dijo el martes que eliminó su nombre porque “tenía un alcance mucho mayor del descrito originalmente”. Otro, el representante de North Providence William O’Brien, dijo que decidió que era innecesario luego de enterarse que el estado ya se apegaba a las peticiones de órdenes judiciales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
