BUENOS AIRES (AP) – Mauricio Macri llegó al poder con la promesa de barrer la corrupción en Argentina.
Sin embargo, en las últimas semanas la justicia ha estrechado el cerco en torno del mandatario y algunos de sus funcionarios por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias, causas que han dañado la imagen presidencial.
Poco más de un año después de suceder a Cristina Fernández (2007-2015) Macri es objeto de seis investigaciones iniciadas por fiscales federales. En algunas pesquisas está bajo la lupa el grupo empresarial liderado por su padre Franco Macri, quien se ha convertido en un dolor de cabeza para el oficialismo, que en octubre se someterá a examen en elecciones legislativas.
Hasta ahora ningún juez ha tomado medidas procesales contra el presidente.
Macri ha negado cualquier irregularidad e intenta despegar su gobierno del de Fernández, que se enfrenta a varias causas judiciales por supuesta corrupción.
Para contrarrestar el efecto de los últimos escándalos que lo salpicaron el mandatario anunció el miércoles en el Congreso “dos decretos sobre juicios y contrataciones del Estado” que buscan evitar conflictos de intereses e instó a los legisladores a que aprueben una ley de responsabilidad empresarial para los casos de corrupción en el sector privado.
“Quiero que todo sea transparente, que nadie dude de las decisiones que tomo”, aseveró Macri.
La valoración de la gestión presidencial sufrió un brusco deterioro en febrero cuando la justicia puso en la mira el acuerdo que el Estado suscribió en 2016 con el grupo empresarial liderado por el padre del mandatario para cancelar una deuda que había contraído cuando administró el servicio postal en los años noventa.
La oposición denunció que el caso suponía un choque de intereses y Macri se vio obligado a desactivar el arreglo para cancelar la deuda de unos 18 millones de dólares.
Federico Aurelio, de la consultora Julio Aurelio-Aresco, señaló a The Associated Press que el caso del correo sumado al malhumor social por los problemas económicos hicieron que la valoración positiva del gobierno cayera siete puntos, hasta 40% de aprobación, y que la negativa trepara a 56%.
“Los factores que rescatan los que apoyan al gobierno es que se había comprometido a combatir la corrupción y decir la verdad. Pero este caso atentó contra esas dos virtudes”, dijo Aurelio, quien puntualizó que la oposición no ha capitalizado ese descontento.
Dos de las causas en las que tanto Macri como funcionarios son investigados derivan de casos que generaron un fuerte impacto internacional: los denominados “Panama Papers” y la trama de corrupción protagonizada por la empresa brasileña Odebrecht.
El fiscal Federico Delgado investiga a Macri y su padre por presunto lavado dinero y evasión impositiva a partir de la constitución de dos firmas de ultramar radicadas en paraísos fiscales.
Delgado dijo días atrás a AP que ha pedido al juez federal Sebastián Casanello “que imprima celeridad al expediente porque está en juego el presidente y sea para un lado o para otro, esto hay que terminarlo rápido… no es sano que el mandatario sea objeto de sospecha”.
Franco Macri ha intentado desligar a su hijo del caso al hacerse cargo de las operaciones que una de esas empresas realizó en Brasil a partir de 1998.
A raíz de las negativas repercusiones del caso el presidente aceleró en abril de 2016 la puesta en marcha de un fideicomiso ciego para que una empresa privada administre sus bienes mientras dure su mandato, medida que había anunciado durante la campaña electoral.
Delgado también investiga si Gustavo Arribas, titular del servicio de inteligencia y hombre muy cercano al presidente, habría recibido sobornos de Odebrecht a pocos días de la reactivación en 2013 de una obra ferroviaria en la que la firma brasileña está asociada con una constructora encabezada por Ángelo Calcaterra, primo del mandatario.
Delgado puntualizó a AP que no ha sufrido ningún intento del Ejecutivo de obstaculizar estas pesquisas.
Mariel Fornoni, de la consultora Management & Fit, apuntó que si bien la corrupción no es la principal preocupación de los argentinos -la lista la encabezan la inseguridad, la inflación y la desocupación- entre los votantes de Macri adquiere mayor relevancia porque “son muy sensibles a estos temas”.
El último traspié llegó esta semana cuando un fiscal inició una investigación a Macri por presuntamente haber favorecido de forma irregular a la aerolínea colombiana Avianca para operar en Argentina.
El mandatario también tiene otras pesquisas pendientes por supuesto perjuicio a la economía a partir de la emisión de títulos de deuda y por la firma de un decreto que autorizó a familiares de funcionarios adherirse a una amnistía fiscal.
