WASHINGTON (AP) – La compañía Dow Chemical está presionando al gobierno de Trump para que rechace los hallazgos de científicos federales que señalan que un tipo de pesticida muy utilizado resulta dañino para unas 1.800 especies amenazadas o en peligro.
Abogados que representan a Dow -cuyo director ejecutivo lidera también un grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre manufactura- y a otros dos fabricantes de organofosforados enviaron misivas la semana pasada a los responsables de tres agencias del gobierno.
Las empresas les pidieron que “dejen de lado” los resultados de los estudios del gobierno, que según las compañías tienen fallos fundamentales.
The Associated Press tuvo acceso a las misivas, fechadas el 13 de abril.
El presidente y director ejecutivo de Dow Chemical, Andrew Liveris, es un asesor cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La empresa donó un millón de dólares para las celebraciones de la investidura de Trump.
Durante los últimos cuatro años, científicos del gobierno han elaborado un reporte oficial que abarca más de 10.000 páginas y que indica que tres pesticidas en revisión -el clorpirifós, el diazinón y el malatión- plantean un riesgo casi para todas las especies en peligro estudiadas.
Reguladores de tres agencias federales que comparten la responsabilidad de aplicar la Ley de Especies en Peligro están cerca de presentar sus hallazgos, que se espera provoquen nuevos límites sobre cómo y dónde pueden emplearse estos insecticidas de gran toxicidad.
La petición de la industria se produjo después de que el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Scott Pruitt, anunciara el mes pasado que revocaría una iniciativa de la era Obama para vetar el empleo del pesticida clorpirifós de Dow sobre cultivos para consumo humano después de que recientes estudios revisados por la comunidad científica determinaran que incluso una exposición mínima a la sustancia podía mermar el desarrollo de los cerebros de los niños.
En su cargo anterior como secretario de Justicia de Oklahoma, Pruitt se puso a menudo del lado de ejecutivos y corporaciones que apoyaron sus campañas estatales en diferentes disputas legales. Presentó más de una docena de demandas reclamando que se revocaran algunas de las mismas normas que ahora está encargado de aplicar.
Pruitt declinó responder preguntas de los periodistas el miércoles durante una visita a un proyecto de la EPA en Indiana. Un portavoz de la agencia dijo después que Pruitt no “prejuzgará” cualquier posible decisión sobre normas, y que “intentamos restaurar la cordura regulatoria al trabajo de la EPA”.
“No hemos tenido reuniones con Dow sobre este tema y estamos revisando las peticiones según llegan, dando una cuidadosa consideración a la ciencia sólida y a la buena legislación”, indicó J.P. Freire, administrador asociado de asuntos públicos en la agencia. “El administrador está comprometido con escuchar a los inversionistas afectados por las regulaciones de la EPA, así como con revisar decisiones pasadas”.
La oficina del secretario de Comercio, Wilbur Ross, que supervisa el Servicio Natural de Pesca Marina, no respondió a peticiones enviadas por email. Una vocera del secretario de Interior, Ryan Zinke, que supervisa el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, derivó las preguntas al EPA.
Al igual que con los recientes estudios sobre humanos en clorpirifós, Dow contrató a sus propios científicos para ofrecer una extensa refutación de los estudios del gobierno sobre los riesgos que suponen los organofosforados para las especies en peligro.
El reciente análisis biológico de la EPA sobre el clorpirifós determinó que el insecticida “probablemente afecta de forma negativa” a 1.778 de los 1.835 animales y plantas considerados durante el estudio, incluidas especies amenazadas o en peligro de ranas, peces, aves y mamíferos. Los resultados del diazinón y el malatión fueron similares.
En un comunicado, la filial de Dow que vende el clorpirifós dijo que sus abogados habían pedido la retirada de las conclusiones de la EPA porque “su base científica no era fiable”.
“Dow AgroSciences está comprometida con la producción y comercialización de productos que ayudarán a los agricultores estadounidenses a alimentar al mundo, y lo hará con pleno respeto por la salud humana y el medio ambiente, incluidas las especies amenazadas o en peligro”, añadió el comunicado. “Estas cartas, y los detallados análisis científicos que las respaldan, demuestran ese compromiso”.
FMC Corp., que vende malatión, dijo que la retirada de los estudios de la EPA dará el tiempo necesario para reunir los “mejores” datos científicos disponibles.
“El malatión es una herramienta clave para proteger a la agricultura de plagas dañinas”, indicó la empresa.
Por su parte, el fabricante de diazinón, Makhteshim Agan of North America Inc., que opera con el nombre comercial Adama, no respondió a los correos electrónicos pidiendo comentarios.
Activistas medioambientales consultados dijeron no estar sorprendidos porque las empresas puedan buscar una demora en nuevas regulaciones que podrían afectar a sus beneficios, pero dijeron el miércoles que las críticas a los científicos del gobierno eran infundadas. Los métodos empleados para los análisis biológicos de la EPA fueron desarrollados por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.
Los expertos de Dow intentan exigir a los científicos de la EPA un estándar poco realista en la recogida de datos que sólo podría obtenerse en “un entorno perfecto de laboratorio”, dijo Brett Hartl, director de asuntos del gobierno en el Center for Biological Diversity.
