CARACAS (AP) – Tras casi dos meses de protestas antigubernamentales que mantienen en zozobra a los venezolanos, las autoridades electorales anunciaron el martes la decisión de convocar a elecciones regionales para diciembre.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció la noche del martes que dado que está “casi culminado” el proceso de validación de los partidos políticos desarrollado en los últimos meses, el CNE decidió convocar las elecciones regionales para gobernadores y a los Consejos Legislativos estatales para el 10 de diciembre. Se espera que el jueves se aprueben ambos cronogramas.
La presidenta del CNE, empero, no despejó las dudas en torno a la realización de las elecciones de gobernadores. De concretarse la elección y posterior instalación de una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, la realización de las elecciones regionales quedará sujeta a la voluntad de los constituyentes, quienes estarían facultados para diferirlas por un tiempo indeterminado hasta tanto se redacte una nueva carta magna y se defina el sistema electoral venezolano plasmado en una nueva Constitución.
Las elecciones de gobernadores ya fueron postergadas a finales del año pasado y también están pendientes las elecciones de alcaldes, sobre las cuales Lucena no se pronunció, y que se encuentran en un limbo desde febrero pasado, cuando el CNE ordenó la renovación de las nóminas de militantes de los partidos para poder tomar parte de cualquier futuro proceso electoral.
Es poco probable que el anuncio sobre los comicios de gobernadores sea visto con agrado por la oposición, que exige comicios presidenciales anticipados para conjurar la crisis que sacude el país.
Pero el mandatario ha descartado esa posibilidad y ha dicho que la próxima elección presidencial será en 2018, cuando complete su mandato de seis años.
Al menos 53 personas han muerto en la de protestas y saqueos que comenzó en marzo.
Lucena además anunció que la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, entregada horas antes por el presidente Maduro, “cumple” con lo establecido en la carta magna y en consecuencia el directorio del CNE aprobó por “unanimidad” trabajar en una propuesta de cronograma que “culmine en una elección para la Asamblea Constituyente a finales del mes de julio”.
“Por esta vía, las fuerzas políticas del país podrán movilizar sus militancias en función de opciones electorales y aportaran a la consolidación de la paz y el juego democrático” en Venezuela, dijo Lucena en una declaración difundida por la televisión estatal.
Por otro lado, la jueza Marisela Godoy se sumó a la postura que expresó horas antes su colega Danilo Mojica y se convirtieron en los dos primeros integrantes del Tribunal Supremo de Justicia que cuestionan de forma abierta la convocatoria de Maduro a la Asamblea.
Godoy señaló en una entrevista con la emisora local Éxitos que el proceso constituyente no es la solución a la crisis que enfrenta el país, y dijo, al recordar una frase del fallecido presidente Hugo Chávez, que para hacerle cambios a la constitución había que consultar al pueblo. “No entiendo cuál es el criterio para que un grupo minúsculo, que no representa al país, que puedan lograr llegar a esas instancias, que acaben con la soberanía popular”, agregó.
Más temprano, Mojica indicó que Maduro no podía convocar a la Asamblea Constituyente sin hacer un referendo previo, y sostuvo que de no realizarse la consulta, la iniciativa sería “absolutamente espuria”.
“Una crisis de tal magnitud no se puede solucionar con la referida constituyente ni tampoco con medidas de represión policial ni militar a las manifestaciones en las calles”, declaró el magistrado a la televisora regional Telecaribe, y agregó que se debe promover un consenso para unas “elecciones inmediatas”.
Mojica recordó que el proceso constituyente de 1999 fue convocado a través de un referendo y luego ratificado por una asamblea.
Hasta ahora, durante los cuatro años de mandato de Maduro, los 32 integrantes del máximo tribunal se habían identificado como aliados del gobierno.
Maduro anunció, ante varios cientos de seguidores en el palacio de gobierno, que los 540 miembros de la Asamblea Constituyente serán electos en el “ámbito territorial y sectorial” y provendrán de los sectores pesquero, campesino, estudiantil, laboral, indígena, empresarial, de los pensionados, de las personas discapacitadas y de las organizaciones vecinales conocidas como comunas y consejos comunales.
Las bases comiciales contemplan que la Asamblea Constituyente se instalará 72 horas luego de su proclamación y sesionará en la sede del Congreso.
Las bases comiciales fueron rechazadas por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, que acordó por unanimidad llamar a un referendo consultivo para preguntar a los venezolanos si aceptan o no que se dé el proceso constituyente, y sobre la permanencia de Maduro en la presidencia hasta el 2018. Para que el proceso de referendo pueda prosperar necesita el respaldo del Consejo Nacional Electoral, que está vinculado al oficialismo.
“Desconocemos total y cabalmente una convocatoria que se hace contra constitución”, dijo el presidente del Congreso, el diputado Julio Borges, tras acusar a Maduro de continuar con el “golpe de Estado”. El dirigente ratificó que la oposición seguirá en las calles para enfrentar el proceso constituyente.
El pronunciamiento de Mojica se da pocos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho miembros del máximo tribunal venezolano.
Mojica y Godoy se sumaron a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien a finales de marzo denunció una ruptura del orden constitucional y la violación de la carta magna con las sentencias que dictó el Tribunal Supremo de Justicia en las que asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. Poco después, la Corte revirtió los polémicos dictámenes.
