SANTO DOMINGO (AP) – Un juez dominicano ordenó el lunes la detención de una docena de personas, entre ellas un ministro, exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios, por su presunta vinculación con los millonarios sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht.
Tres legisladores incluidos en el expediente no pueden ser arrestados por gozar de inmunidad parlamentaria.
El procurador general Jean Alain Rodríguez adelantó que solicitará la prisión preventiva de los acusados por 18 meses y que pedirá al Congreso que retire la inmunidad a los legisladores investigados.
Las detenciones ordenadas por el juez de instrucción Francisco Ortega ocurren dos semanas después de que la Procuraduría General recibiera, como parte de un acuerdo con Odebrecht y las autoridades brasileñas, la investigación realizada en Brasil que incluye copias de los interrogatorios a decenas de ejecutivos de la compañía y otras pruebas.
Mediante el acuerdo la Procuraduría renunció a procesar judicialmente a Odebrecht y a sus ejecutivos a cambio de información que permita llevar ante los tribunales a los funcionarios locales que recibieron los sobornos. La compañía mantendrá sus operaciones en el país y podrá participar en futuras licitaciones públicas.
Entre los detenidos el lunes se encuentra el actual ministro de Industria y Comercio, Tamístocles Montás, quien había sido interrogado la semana anterior. Montás fungió en la década pasada como ministro de Economía y ministro de la Presidencia.
Montás, miembro de la cúpula del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue conducido por la mañana a la sede de la fiscalía de la capital y alojado en una celda.
Entre los detenidos y los tres legisladores “están todos los que son y son todos los que están” en el expediente enviado por Brasil, dijo el procurador Rodríguez.
El funcionario informó que solicitó al Congreso eliminar la inmunidad parlamentaria a los senadores oficialistas Tommy Galán y Julio César Valentín y al diputado opositor Alfredo Pacheco para que puedan ser procesados.
“No tengo ninguna relación con los supuestos sobornos de Odebrecht ni de ninguna empresa”, sostuvo en un comunicado Valentín, quien antes de ocupar el curul en el Senado fue presidente de la cámara baja de 2006 a 2010, cuando el Congreso aprobó varios contratos con la empresa brasileña.
Pacheco, diputado del opositor Partido Revolucionario Moderno, anunció en conferencia de prensa que solicitará el retiro de su inmunidad para ponerse a disposición de la justicia. “Estoy seguro de que no he sido sobornado”, afirmó Pacheco, quien en la década pasada fue durante algunos periodos presidente de la Cámara de Diputados.
El procurador Rodríguez adelantó que solicitará la prisión preventiva de todos los implicados por 18 meses, la medida de coerción más alta, a fin de que la fiscalía tenga tiempo para concluir su investigación.
Los 15 implicados, incluidos los tres legisladores en funciones, serán acusados de prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y lavado de activos.
Junto al ministro Montás fue detenido Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, exdirector del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y secretario de finanzas del PLD. Durante su gestión como ministro, entre 2007 y 2012, y como director de agua potable, entre 2004 y 2007, Díaz Rúa participó en la negociación de varios contratos con Odebrecht.
Andrés Bautista, presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno, también fue detenido por haber sido cinco años presidente del Senado cuando el Congreso aprobó los primeros contratos con la compañía brasileña.
Los ejecutivos de Odebrecht revelaron a las autoridades de Brasil y Estados Unidos que desde 2001 pagaron unos 788 millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África para conseguir contratos millonarios con los gobiernos de esas naciones.
Los 92 millones de dólares en sobornos distribuidos en República Dominicana sólo fueron superados por los entregados en Venezuela y Brasil, según los datos difundidos en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Odebrecht también trasladó en 2014 a Santo Domingo la oficina desde la cual gestionaba los pagos ilegales.
Las detenciones son el resultado de cinco meses de presión por parte la sociedad civil, dijo Carlos Pimentel, miembro del organismo Participación Ciudadana que junto con otros grupos ha promovido desde enero protestas multitudinarias en diferentes ciudades del país en demanda de procesos judiciales en contra de Odebrecht y de los beneficiarios de los sobornos.
La denominada Marcha Verde demanda que la Procuraduría no sólo procese a los beneficiarios de los sobornos sino que prohíba a la compañía operar en el país y que investigue la posible sobrevaluación de las obras construidas por la empresa brasileña y recupere el dinero de las posibles sobrevaluaciones.
También fueron detenidos dos de los exdirectores del órgano regulador de la electricidad, así como el empresario Ángel Rondón, quien desde 2001 fungió como representante comercial de Odebrecht en el país.
